El
Buen Vivir, más que una originalidad de la Carta Constitucional, forma
parte de una larga búsqueda de modelos de vida que han impulsado
particularmente los actores sociales de América Latina durante las
últimas décadas, como parte de sus reivindicaciones frente al modelo
económico neoliberal. En el caso ecuatoriano, dichas reivindicaciones
fueron reconocidas e incorporadas en la Constitución, convirtiéndose
entonces en los principios y orientaciones del nuevo pacto social.
No
obstante, el Buen Vivir es una apuesta de cambio que se construye
continuamente desde esas reivindicaciones por reforzar la necesidad de
una visión más amplia, la cual supere los estrechos márgenes
cuantitativos del economicismo, que permita la aplicación de un nuevo
modelo económico cuyo fin no se concentre en los procesos de acumulación
material, mecanicista e interminable de bienes, sino que promueva un
modelo económico incluyente; es decir, que incorpore a los procesos de
acumulación y re-distribución, a los actores que históricamente han sido
excluidos de las lógicas del mercado capitalista, así como a aquellas
formas de producción y reproducción que se fundamentan en principios
diferentes a dicha lógica de mercado.
Asimismo,
el Buen Vivir, se construye desde las posiciones que reivindican la
revisión y reinterpretación de la relación entre la naturaleza y los
seres humanos, es decir, desde el tránsito del actual antropocentrismo
al biopluralismo (Guimaraes en Acosta, 2009), en tanto la actividad
humana realiza un uso de los recursos naturales adaptado a la generación
(regeneración) natural de los mismos.
Finalmente,
el Buen Vivir se construye también desde las reivindicaciones por la
igualdad, y la justicia social (productiva y distributiva), y desde el
reconocimiento y la valoración de los pueblos y de sus culturas, saberes
y modos de vida.
La Constitución
ecuatoriana hace hincapié en el goce de los derechos como condición del
Buen Vivir y en el ejercicio de las responsabilidades el
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